Regímenes laborales del Estado chileno

Para tener un Estado eficaz y eficiente, un elemento central son los equipos humanos y su compromiso con estándares de servicio de alta calidad. Los ciudadanos, que financian mediante sus impuestos las reparticiones públicas, merecen un buen trato. Dichos estándares difieren significativamente de una institución a otra, pero no hay un buen diagnóstico sobre las causas de tal fenómeno, porque se estudia poco al Estado chileno y, por tanto, las propuestas para reformarlo suelen ser demasiado generales o imprecisas. Tampoco se aprovecha la diversidad de experiencias para extraer lecciones que lleven a cambios sustanciales para mejorar su calidad de atención.

Al respecto, un factor de interés son los múltiples regímenes laborales que coexisten. La imagen típica de los servicios públicos es que ellos se rigen por un estatuto administrativo rígido y común para todos. La realidad es mucho más heterogénea. En el sector público conviven organismos que se rigen por el Código del Trabajo con otros ceñidos sólo a las normas tradicionales del sector público; también los hay con regímenes mixtos o estatutos propios. Para ingresar a las plantas, hay servicios con concursos cerrados sólo a funcionarios de esa misma repartición, y otros que abren a concurso público todos los cargos. Además, hay combinaciones de tales sistemas.

Tanta variedad es propicia para evaluar las distintas experiencias e ir definiendo una estrategia de mediano y largo plazo que avance hacia una regulación de los recursos humanos del Estado que asegure eficiencia en el uso de los recursos y eficacia en la provisión de servicios. Es irreal pensar que eso no se relaciona, en mayor o menor grado, con la naturaleza del régimen laboral de cada servicio. Especialmente interesante es que existan servicios regidos por el Código del Trabajo, porque una de las razones habituales para defender la inamovilidad mediante estatutos administrativos es la discrecionalidad que puede emerger en ausencia de esas protecciones -por ejemplo, despidos arbitrarios-. Pero, en la actualidad, la mayor transparencia que existe en la gestión pública y el mayor acceso a los medios de las personas afectadas por decisiones injustificadas aminoran algo esos temores.

El Estado chileno difícilmente podrá contribuir a la competitividad del país si no moderniza su gestión. Algunos servicios públicos han sabido aprovechar las flexibilidades disponibles en sus estatutos laborales, brindando una buena atención a la ciudadanía, pero sería un error pensar que bastaría nombrar en ellos a las personas adecuadas para asegurar una buena gestión. Sin una reforma profunda en los estatutos que rigen a la administración pública, basada en la experiencia existente, eso no va a ser posible. Se podrán hacer cambios marginales, pero nada que asegure que el Estado será un aliado de los ciudadanos y del crecimiento económico. No son reformas políticamente fáciles, pero, como ha ocurrido en otras materias complejas en el pasado, los cambios pueden introducirse sólo para los nuevos trabajadores del sector público o para aquellos que voluntariamente opten por trasladarse al nuevo marco.

Fuente:
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2009/02/16/regimenes-laborales-del-estado.asp