En una polémica sesión, el Parlamento de Uruguay se pronunció ayer en favor de la inconstitucionalidad de la amnistía a los militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-85), en consonancia con la posición adoptada hace una semana por el Poder Ejecutivo.
Con los votos del oficialismo, la Asamblea General, que reúne a ambas cámaras legislativas, declaró inconstitucional la llamada "ley de Caducidad" que en 1986 amnistió a los responsables de violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar, pero específicamente para el caso de la militante comunista Níbia Sabalsagaray, asesinada en 1974.
La declaración fue aprobada con 69 votos entre 71 parlamentarios presentes (de un total de 130), tras un acalorado debate de 6 horas.
La instancia fue convocada por el vicepresidente de la República y titular de la Asamblea General, Rodolfo Nin Novoa, a partir de una consulta efectuada por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) sobre artículos de la ley de caducidad.
La mayoría de los legisladores de los opositores partidos Nacional y Colorado no ingresó a sala por entender que sólo la SCJ tiene atribuciones en este asunto.
La norma, sancionada en 1986 y ratificada en una consulta popular en 1989, también fue considerada inconstitucional por el Poder Ejecutivo, la pasada semana.
Aunque sientan un precedente histórico, estos pronunciamientos no son vinculantes para la Corte.
Con los votos del oficialismo, la Asamblea General, que reúne a ambas cámaras legislativas, declaró inconstitucional la llamada "ley de Caducidad" que en 1986 amnistió a los responsables de violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar, pero específicamente para el caso de la militante comunista Níbia Sabalsagaray, asesinada en 1974.
La declaración fue aprobada con 69 votos entre 71 parlamentarios presentes (de un total de 130), tras un acalorado debate de 6 horas.
La instancia fue convocada por el vicepresidente de la República y titular de la Asamblea General, Rodolfo Nin Novoa, a partir de una consulta efectuada por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) sobre artículos de la ley de caducidad.
La mayoría de los legisladores de los opositores partidos Nacional y Colorado no ingresó a sala por entender que sólo la SCJ tiene atribuciones en este asunto.
La norma, sancionada en 1986 y ratificada en una consulta popular en 1989, también fue considerada inconstitucional por el Poder Ejecutivo, la pasada semana.
Aunque sientan un precedente histórico, estos pronunciamientos no son vinculantes para la Corte.
Fuente:
http://www.clarin.com/diario/2009/02/26/elmundo/i-01866184.htm
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