Declaran ilegítima la amnistía en Uruguay

En una polémica sesión, el Parlamento de Uruguay se pronunció ayer en favor de la inconstitucionalidad de la amnistía a los militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-85), en consonancia con la posición adoptada hace una semana por el Poder Ejecutivo.

Con los votos del oficialismo, la Asamblea General, que reúne a ambas cámaras legislativas, declaró inconstitucional la llamada "ley de Caducidad" que en 1986 amnistió a los responsables de violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar, pero específicamente para el caso de la militante comunista Níbia Sabalsagaray, asesinada en 1974.

La declaración fue aprobada con 69 votos entre 71 parlamentarios presentes (de un total de 130), tras un acalorado debate de 6 horas.

La instancia fue convocada por el vicepresidente de la República y titular de la Asamblea General, Rodolfo Nin Novoa, a partir de una consulta efectuada por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) sobre artículos de la ley de caducidad.

La mayoría de los legisladores de los opositores partidos Nacional y Colorado no ingresó a sala por entender que sólo la SCJ tiene atribuciones en este asunto.

La norma, sancionada en 1986 y ratificada en una consulta popular en 1989, también fue considerada inconstitucional por el Poder Ejecutivo, la pasada semana.

Aunque sientan un precedente histórico, estos pronunciamientos no son vinculantes para la Corte.

Fuente:
http://www.clarin.com/diario/2009/02/26/elmundo/i-01866184.htm

Más muertos por decretos de García

El responsable del Área de Derechos Económicos y Sociales de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Wilfredo Ardito, dijo ayer a LA PRIMERA que la cantidad de civiles muertos por la Policía aumentó desde la promulgación de los decretos legislativos del uso de la fuerza (982, 983, 988 y 989), impulsados por el presidente Alan García en agosto del 2007.

“La cantidad de fallecidos aumentó porque los efectivos policiales saben que no serán procesados gracias a estos decretos legislativos. Antes, las muertes causadas por la Policía eran entre 3 a 11 muertos por año. Después de la promulgación de los referidos decretos, hay hasta 60 muertes por año”, sostuvo.

El especialista explicó que los decretos permiten, por ejemplo, que la Policía detenga a los que considera sospechosos y efectúe detenciones masivas sin necesidad de la presencia de un fiscal. Inclusive, según Ardito, las detenciones pueden ocurrir después de haber transcurrido 24 horas de ocurrido el hecho y la presencia del fiscal ya no es requerida en el momento de tomar la declaración de los detenidos.

Fuente:
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/noticia.php?IDnoticia=33227

Justicia española investiga a militares israelíes por un bombardeo en Gaza en 2002

El Gobierno español minimizó hoy las posibles repercusiones políticas de la decisión de la Audiencia Nacional de investigar a varios militares israelíes por un bombardeo en Gaza en 2002, al asegurar que Israel "entiende" el funcionamiento con "total independencia" de la Justicia.

Preguntada en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, no quiso hacer comentarios sobre la decisión del juez de la Audiencia Nacional que admitió a trámite una querella en ese sentido.

Se limitó a subrayar que España es un Estado de Derecho donde la Justicia actúa "con total independencia" y eso lo saben todos los países europeos y democráticos. "Esa es la posición, así se lo hemos trasladado al Gobierno de Israel, y estamos seguros de que así lo entienden", afirmó.

Por su parte, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha asegurado hoy que no decidirá sobre la posibilidad de recurrir el auto dictado ayer por el juez Fernando Andreu, quien admitió a trámite una querella contra varios altos mandos de Israel por un bombardeo en Gaza en el que murieron 14 civiles, hasta que el Estado hebreo confirme que no mantienen ninguna investigación sobre estos hechos, informaron fuentes fiscales.

Sobre esta cuestión, según consta en el texto de la querella admitida a trámite por Andreu, los familiares de los fallecidos -la mayoría de ellos niños- denunciaron el caso al Tribunal Superior Israelí, que en enero de 2006 dictó una sentencia en la que consideraba que la operación fue "proporcional al objetivo militar de asesinar a Shehadeh" y que el resultado posterior no fue "intencionado".

Fuente:
http://www.abc.es/20090130/internacional-oriente-medio/vega-confia-israel-entiende-200901301648.html

Fujimori alentaba programa masivo de ligadura de trompas y de vasectomía

Por Nelly Luna

Durante el segundo gobierno del hoy procesado Alberto Fujimori se promocionó indiscriminadamente la esterilización en poblaciones indígenas o de extrema pobreza. La llamaron Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV). En las ferias y campañas que se realizaban para difundirlo no se ofrecía ningún otro método alternativo. Como si se tratara de vacunas preventivas, los centros de salud imponían metas a su personal para captar un número mínimo mensual de personas. "...(a las enfermeras) las empezaron a amenazar, que si no traían mamás para las ligaduras corrían peligro de ser despedidas", confesó una enfermera de Pomata (Puno).

A pesar de estos indicios --y luego de cinco años de iniciada la investigación-- el Ministerio Público aún no concluye la investigación ni formula denuncia penal contra los responsables.

La congresista Hilaria Supa, con el apoyo de varias ONG y la Defensoría del Pueblo, recogió muchas denuncias, las mismas que en el 2003 fueron recogidas en la investigación fiscal, a cargo de Rocío Rojas, quien interrogó a víctimas y supuestos responsables en Cusco, Piura y Cajamarca. Estas declaraciones forman parte de los 40 tomos del expediente en curso. Pero la fiscal Rojas salió del Ministerio Público en enero del 2007. Desde entonces, casi nada se ha avanzado.

La investigación está actualmente en manos del fiscal de Derechos Humanos, Jaime Schwartz. Se supo que su despacho ha formado un equipo de dos técnicos "para definir si el caso amerita o no la formulación de una denuncia penal" y que "no realizará más diligencias porque con la información que hay ya se puede tener una clara visión de los hechos", dijo la fuente.

El fiscal estaría evaluando incluso tratar estos casos como violaciones a los derechos humanos. Al respecto, María Esther Mogollón, integrante en su momento de MAM Fundacional, dice: "Estos casos fueron una clara violación a los derechos humanos. Lo que queremos es que de una vez el fiscal concluya con el tema. Así podríamos saber qué hacer".

La abogada hace referencia al caso de Mamérita Mestanza, la mujer que falleció como consecuencia de una ligadura de trompas. En su caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligó al Gobierno Peruano a investigar el tema, hallar responsables y pagar una reparación civil. "Con este antecedente, las otras denuncias también podrían encontrar eco en la CIDH", dice Mogollón.

Las responsabilidades irían más allá de los profesionales que las amenazaron o engañaron. Durante la gestión de Luis Solari en el Ministerio de Salud, en el 2001 se formó una comisión para evaluar los casos (tuvo que esperarse la salida de Fujimori para dar paso a la investigación).

La comisión entrevistó a los ex ministros de Salud Eduardo Yong, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga (actual congresista y médico personal de Fujimori, que tuvo en sus manos la cartera de Salud desde 1999 hasta noviembre del 2000, cuando cayó el régimen). Todos negaron alguna responsabilidad.

Sin embargo, en el expediente de la fiscalía se encuentran los testimonios de algunos directores regionales que confesaron que en dos oportunidades se reunieron con Fujimori y sus ministros de Salud para exponerles los logros de las campañas a favor de la ligadura de trompas. En estas reuniones se sorteaban electrodomésticos y otros premios.

El informe del Ministerio e Salud concluyó también que en algunas regiones se presionó a los profesionales de la salud para el cumplimiento obligatorio de las metas de operaciones trazadas. "Si no se cumplían las metas, salía como déficit en la evaluación del personal", confesó un médico a la comisión. Estos testimonios están siendo analizados por el equipo técnico del fiscal. El dictamen deberá estar listo en no más de 4 meses.

FUENTE:
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2009-01-27/ellas-marchan-contra-olvido.html?