A pesar de las críticas y del pedido expreso de la Municipalidad de Lima de dar más tiempo al debate sobre la ley que autoriza la expropiación de terrenos invadidos antes del 2004, el presidente Alan García decidió adelantar ayer su promulgación.
El mandatario aprobó dicha norma en Palacio de Gobierno, aun cuando la ministra de Vivienda, Nidia Vílchez, había anunciado el lunes que esa aprobación estaba programada recién para la siguiente semana.
“Lo que queda es que el Colegio de Abogados de Lima, la fiscal de la Nación o cinco mil ciudadanos presenten una acción de inconstitucionalidad”, recomendó el abogado Mario Amoretti, quien opina que con dicha promulgación se vulnera el derecho elemental a la propiedad privada en el país.
Si bien el presidente aseguró que vigilará que no se convaliden usurpaciones propiciadas por traficantes de terrenos, para Amoretti la ley no pone filtros ni límites sobre los predios que pueden ser expropiados. Señaló que la norma deja carta libre para la legalización de invasiones de todo tipo, incluso sobre terrenos cuya propiedad se debate en procesos judiciales. “La ley debió consignar sus límites de manera expresa; de lo contrario, su futuro reglamento no podrá garantizarnos nada”, señaló.
El Ejecutivo respondió que presentará al Congreso una lista clara de asentamientos humanos, su historial y el número de pobladores. Aclaró también que la indemnización por justiprecio se pagará antes de la formalización de la expropiación. Luego, los beneficiados deberán reembolsar ese dinero al Estado.
Para el consultor de Cofopri, Miguel Cavero, el Ejecutivo está acatando la Ley 28687, que en el 2006 estableció que solo deberían formalizarse los terrenos invadidos hasta el 31 de diciembre de 2004. “En ningún caso se deben formalizar terrenos ocupados con posterioridad”, dijo.
El mandatario aprobó dicha norma en Palacio de Gobierno, aun cuando la ministra de Vivienda, Nidia Vílchez, había anunciado el lunes que esa aprobación estaba programada recién para la siguiente semana.
“Lo que queda es que el Colegio de Abogados de Lima, la fiscal de la Nación o cinco mil ciudadanos presenten una acción de inconstitucionalidad”, recomendó el abogado Mario Amoretti, quien opina que con dicha promulgación se vulnera el derecho elemental a la propiedad privada en el país.
Si bien el presidente aseguró que vigilará que no se convaliden usurpaciones propiciadas por traficantes de terrenos, para Amoretti la ley no pone filtros ni límites sobre los predios que pueden ser expropiados. Señaló que la norma deja carta libre para la legalización de invasiones de todo tipo, incluso sobre terrenos cuya propiedad se debate en procesos judiciales. “La ley debió consignar sus límites de manera expresa; de lo contrario, su futuro reglamento no podrá garantizarnos nada”, señaló.
El Ejecutivo respondió que presentará al Congreso una lista clara de asentamientos humanos, su historial y el número de pobladores. Aclaró también que la indemnización por justiprecio se pagará antes de la formalización de la expropiación. Luego, los beneficiados deberán reembolsar ese dinero al Estado.
Para el consultor de Cofopri, Miguel Cavero, el Ejecutivo está acatando la Ley 28687, que en el 2006 estableció que solo deberían formalizarse los terrenos invadidos hasta el 31 de diciembre de 2004. “En ningún caso se deben formalizar terrenos ocupados con posterioridad”, dijo.
Fuente:
http://www.elcomercio.com.pe/impresa/notas/alan-garcia-promulgo-ley-favor-invasores/20090211/244435
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