Fujimori alentaba programa masivo de ligadura de trompas y de vasectomía

Por Nelly Luna

Durante el segundo gobierno del hoy procesado Alberto Fujimori se promocionó indiscriminadamente la esterilización en poblaciones indígenas o de extrema pobreza. La llamaron Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV). En las ferias y campañas que se realizaban para difundirlo no se ofrecía ningún otro método alternativo. Como si se tratara de vacunas preventivas, los centros de salud imponían metas a su personal para captar un número mínimo mensual de personas. "...(a las enfermeras) las empezaron a amenazar, que si no traían mamás para las ligaduras corrían peligro de ser despedidas", confesó una enfermera de Pomata (Puno).

A pesar de estos indicios --y luego de cinco años de iniciada la investigación-- el Ministerio Público aún no concluye la investigación ni formula denuncia penal contra los responsables.

La congresista Hilaria Supa, con el apoyo de varias ONG y la Defensoría del Pueblo, recogió muchas denuncias, las mismas que en el 2003 fueron recogidas en la investigación fiscal, a cargo de Rocío Rojas, quien interrogó a víctimas y supuestos responsables en Cusco, Piura y Cajamarca. Estas declaraciones forman parte de los 40 tomos del expediente en curso. Pero la fiscal Rojas salió del Ministerio Público en enero del 2007. Desde entonces, casi nada se ha avanzado.

La investigación está actualmente en manos del fiscal de Derechos Humanos, Jaime Schwartz. Se supo que su despacho ha formado un equipo de dos técnicos "para definir si el caso amerita o no la formulación de una denuncia penal" y que "no realizará más diligencias porque con la información que hay ya se puede tener una clara visión de los hechos", dijo la fuente.

El fiscal estaría evaluando incluso tratar estos casos como violaciones a los derechos humanos. Al respecto, María Esther Mogollón, integrante en su momento de MAM Fundacional, dice: "Estos casos fueron una clara violación a los derechos humanos. Lo que queremos es que de una vez el fiscal concluya con el tema. Así podríamos saber qué hacer".

La abogada hace referencia al caso de Mamérita Mestanza, la mujer que falleció como consecuencia de una ligadura de trompas. En su caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligó al Gobierno Peruano a investigar el tema, hallar responsables y pagar una reparación civil. "Con este antecedente, las otras denuncias también podrían encontrar eco en la CIDH", dice Mogollón.

Las responsabilidades irían más allá de los profesionales que las amenazaron o engañaron. Durante la gestión de Luis Solari en el Ministerio de Salud, en el 2001 se formó una comisión para evaluar los casos (tuvo que esperarse la salida de Fujimori para dar paso a la investigación).

La comisión entrevistó a los ex ministros de Salud Eduardo Yong, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga (actual congresista y médico personal de Fujimori, que tuvo en sus manos la cartera de Salud desde 1999 hasta noviembre del 2000, cuando cayó el régimen). Todos negaron alguna responsabilidad.

Sin embargo, en el expediente de la fiscalía se encuentran los testimonios de algunos directores regionales que confesaron que en dos oportunidades se reunieron con Fujimori y sus ministros de Salud para exponerles los logros de las campañas a favor de la ligadura de trompas. En estas reuniones se sorteaban electrodomésticos y otros premios.

El informe del Ministerio e Salud concluyó también que en algunas regiones se presionó a los profesionales de la salud para el cumplimiento obligatorio de las metas de operaciones trazadas. "Si no se cumplían las metas, salía como déficit en la evaluación del personal", confesó un médico a la comisión. Estos testimonios están siendo analizados por el equipo técnico del fiscal. El dictamen deberá estar listo en no más de 4 meses.

FUENTE:
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2009-01-27/ellas-marchan-contra-olvido.html?