Consumidores pagaran las ineficiencias del sector eléctrico

"Consumidores cuestionan aumento de tarifas eléctricas"

Por: Manuel Marticorena

La falta de infraestructura en el sector energía (generación eléctrica y líneas de transmisión) ha ocasionado injustificados sobrecostos que serán trasladados a los consumidores, según el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Eduardo Farah.
El empresario advirtió que esto significará un desembolso de hasta US$100 millones en el siguiente año que deberá ser asumido por los consumidores libres (industriales y minería) como por los regulados (clientes residenciales).

Como se sabe, el Osinergmin anunció un alza de las tarifas eléctricas a partir de mayo, debido a los diferentes decretos de urgencia y decretos legislativos que ha dado el Gobierno para sortear la falta de abastecimiento.

Farah explicó que los consumidores pagan tres costos: generación, transmisión y distribución. Indicó que los grandes consumidores (mineros e industriales), que consumen volúmenes mayores a 1 Megavatio (MW), solo pagaban costos de transmisión y distribución, pues los de generación los negociaban directamente con los generadores eléctricos y no estaban afectos a las tarifas de generación del Osinergmin. Sin embargo, ahora se ha establecido que todos los sobrecostos eléctricos sean añadidos a la tarifa de transmisión, con lo que todos los consumidores serán afectados por el alza.

SOLO CONSUMIDORES
César Gutiérrez, especialista en el sector energético y ex presidente de Petro-Perú, indica que anteriormente varios sobrecostos eran asumidos en partes iguales entre los generadores eléctricos y los consumidores. Por ejemplo, la falta de infraestructura en las líneas de transmisión o la falta de abastecimiento del gas de Camisea para algunos generadores termoeléctricos. Esto ha cambiado. Carlos Herrera Descalzi, ex ministro de Energía y Minas, explica que a través del Decreto de Urgencia 049-2008, dado por el actual ministro Pedro Sánchez, se trasladó estos sobrecostos a los usuarios y se liberó a los generadores.

“¿Por qué los consumidores tenemos que pagar la ineficiencia creada por el propio sector eléctrico? ¿Por qué no la paga el Gobierno que no ha sabido planificar el desarrollo de este sector?”, cuestionó Farah.

Se debe indicar que el presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), Jaime Delgado, indicó en días anteriores que el sector tiene limitaciones en cuanto a producción eléctrica porque el Gobierno no había planificado en forma conveniente el desarrollo de infraestructura del sector.

El vicepresidente de minería de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Carlos Santa Cruz, sostuvo que su sector estaba evaluando la magnitud del alza de las tarifas para pronunciarse. El sector minero es uno de los grandes consumidores de energía, siendo la mayoría clientes libres.

Los industriales pedirían al Congreso la derogación de los decretos de urgencia que han generado sobrecostos en la tarifa eléctrica. Farah indicó que expondrán la próxima semana el tema ante la Comisión de Energía y Minas. Asimismo, indicó que una alternativa para salir del difícil tema es que Electro-Perú, por ser empresa del Estado, pague los sobrecostos de generación que han sido producto de la mala planificación del Gobierno. Intentamos hablar de este tema con Carlos Ariel Naranjo, presidente del sector eléctrico de la SNMPE, pero prefirió guardar silencio, al igual que funcionarios del Ministerio de Energía y Minas.

Lo que se viene a partir de mayo
El Osinergmin tiene actualmente un proceso regulatorio de tarifas eléctricas en marcha, que regirán entre mayo del 2009 y abril del 2010. El procedimiento se inició el 14 de noviembre del año pasado con la presentación de la propuesta de incremento tarifario hecha por los generadores, que solicitaron un aumento de hasta 12%.

Tras la evaluación del Osinergmin de la propuesta de los generadores, el organismo regulador consideró que un incremento justo es de 6% en promedio a los consumidores residenciales y de 6,5% a los clientes industriales.

La propuesta está siendo evaluada por el Osinergmin, quien publicará el alza oficial el 15 de abril en “El Peruano”.

Las nuevas tarifas se aplicarían para cuando cesen las lluvias en la sierra y el déficit energético se haga evidente.

CLAVES
Inestabilidad del sector eléctrico

* Actualmente, el sector eléctrico es inestable debido a que no cuenta con las plantas de generación eléctrica necesarias de reserva.
* Según el Osinergmin, se debería tener un 30% de plantas de reserva para tener un abastecimiento confiable y no sufrir apagones.

Fuente:
http://www.elcomercio.com.pe/impresa/notas/consumidores-cuestionan-aumento-tarifas-electricas/20090331/266804

Presidente promulgó la nueva ley de recursos hídricos

"Presidente promulgó la nueva ley del agua"

Quedó promulgada la nueva ley de recursos hídricos, más conocida como la ley del agua. Durante la ceremonia realizada en Palacio de Gobierno, el presidente Alan García firmó el documento y resaltó que el nuevo marco normativo mejorará la eficiencia en la gestión del recurso y traerá “un camino a la modernidad” para sus usuarios.

“El primer tema fundamental que plantea esta ley es la nacionalización de las fuentes de agua, siguiendo el mandato constitucional.

El agua es de la nación, el agua es del Estado que representa a la nación y representa a todos los peruanos”, expresó el mandatario en clara respuesta a algunos sectores que temen una privatización del recurso. En líneas generales, dijo que la norma trae orden y fortalece la participación en la gestión del agua de diferentes actores, como autoridades regionales, locales y otros miembros de la sociedad civil.

REGLAMENTACIÓN
El titular de Agricultura, Carlos Leyton, informó que existe un plazo de 60 días para la reglamentación de esta norma, pero que el interés de su despacho es que esté lista antes. Previamente, el borrador del reglamento se someterá a una discusión pública.

También señaló que la actual Autoridad Nacional del Agua (ANA), ratificada por la nueva norma, cuenta con un presupuesto de S/.120 millones.

Fuente:
http://www.elcomercio.com.pe/impresa/notas/presidente-promulgo-nueva-ley-agua/20090331/266798

El 'chuponeo' será tramitado vía el proceso ordinario

"Darán más plazo para investigar el 'chuponeo'"

Por: Mario Mejía

En momentos en que muchos empezaban a ver con pesimismo la suerte del proceso judicial que ve el caso de la interceptación telefónica, pues el tiempo se acortaba y existía el peligro de que la jueza María Martínez no pudiese llegar a definir la responsabilidad de los presuntos “chuponeadores” y menos aún establecer quiénes fueron los que encargaron hacer el espionaje, se produjo un cambio sustancial en esta causa: El caso ya no será visto como un proceso sumario, sino como una causa ordinaria; es decir, se dispondrá de más tiempo para la revisión del material incautado.

Precisamente por esa razón la jueza provisional María Martínez Gutiérrez, encargada del Juzgado Penal 34 de Lima, tomó ayer la decisión de inhibirse de seguir a cargo de la investigación judicial contra los directivos de Business Track (BTR) que están acusados de los presuntos delitos de interceptación telefónica y asociación ilícita para delinquir.

Esta decisión fue tomada en cumplimiento de una nueva norma que modifica la Ley 26689 y que incorpora el delito de asociación ilícita a los procesos que se tramiten en la vía ordinaria. Antes de esa nueva disposición, que fue publicada en el diario oficial “El Peruano” el último sábado, los delitos de asociación ilícita eran investigados judicialmente en procesos sumarios que tenían un plazo de dos meses, el mismo que podía ser ampliado solo treinta días más, luego del cual el juez tenía que dictar sentencia.

En la Tercera Fiscalía contra el Crimen Organizado esa variación fue recibida con beneplácito, pues ahora el Caso “Chuponeo” será visto en un proceso ordinario, en el cual el plazo se amplía al doble del que tiene el sumario y la sentencia se dicta al concluir el juicio oral.

La jueza Martínez había ampliado la investigación un mes más, pero era muy difícil que en ese lapso terminara con las diligencias que faltaban y, sobre todo, con revisar el abundante material confiscado a los presuntos “chuponeadores”.

FISCALÍA PIDIÓ EL CAMBIO
Según se pudo averiguar, el Ejecutivo decidió modificar la norma a pedido del Ministerio Público que argumentó que los casos por delito de asociación ilícita eran complejos y no se podían ver en procesos sumarios.

En las próximas horas la jueza Martínez derivará el expediente a la Mesa de Partes de la Corte de Lima para que de manera aleatoria se designe el juzgado que se hará cargo del caso entre los nueve juzgados que atienden procesos ordinarios con reos en cárcel.

Fuentes del Poder Judicial y del Ministerio Público coincidieron en señalar que este cambio no significará ningún retroceso en la investigación, pues todo lo que se ha actuado tiene validez. Simplemente se cambia de magistrado y los plazos se amplían. El nuevo juez deberá ratificar o modificar el programa de diligencias que había determinado Martínez.

Fuente:

http://www.elcomercio.com.pe/impresa/notas/daran-mas-plazo-investigar-chuponeo/20090331/266811

Sedapal es sancionada con ínfima multa por daño ecológico

"Sedapal la sacó barata por daño ecológico"

Las primeras horas del sábado llegaron con una desagradable sorpresa para los vecinos de las cuadras 3 y 4 de la Av. Malecón de la Marina, en Miraflores. Pestilentes ráfagas precedieron esa mañana al aniego de aguas servidas que más tarde arrojaría la boca de una central subterránea de bombeo de desagüe.

Durante todo el fin de semana la impasible grabación de la contestadora de Sedapal atendió las llamadas de emergencia de vecinos y de la propia Municipalidad de Miraflores. “Recién han acudido hoy en la tarde, luego de que denunciáramos la desatención en diferentes programas radiales”, se quejaron ayer voceros del concejo distrital.

Pero el remedio resultó peor que la enfermedad. Los técnicos de Sedapal decidieron abrir una compuerta para que el agua no inundara más el Malecón de la Marina y, más bien, discurriera por el acantilado de la Costa Verde, pues calcularon que el cerro absorbería el líquido en su viaje cuesta abajo.

Sin embargo, el caudal con que descendió el desagüe, 15 litros por segundo, terminó por anegar un tramo de la vía rápida y puso en riesgo a los conductores. Frente a esta negligencia, el concejo miraflorino decidió sancionar a Sedapal con una multa de S/.2.130 (60% de una UIT).

Sedapal dispuso que maquinaria especializada succionara el líquido de la pista, pero el flujo era imparable. De hecho, por la tarde, cuando los funcionarios edilicios estaban a punto de notificar su sanción a la empresa, se enteraron de que las aguas servidas, que seguían descendiendo por el acantilado, habían cruzado la playa Tres Picos hasta mezclarse con aguas marinas.

“Acabamos de corroborar que el desagüe se está vertiendo en el mar”, informó a las 4:45 p.m. el subgerente de Medio Ambiente de Miraflores, Arnold Millet.

Ese daño ecológico mereció una segunda sanción económica, que de acuerdo con la escala de multas de esa comuna, asciende a 2 UIT, apenas S/.7.100.

Fuente:

http://www.elcomercio.com.pe/impresa/notas/sedapal-saco-barata-dano-ecologico/20090331/266806

Policías torturan a menor detenido por el robo de un celular

"Menor torturado presenta heridas en glúteos y manos"

Por: Raúl Mayo

“Metieron mi cabeza en un balde lleno de agua fría, eran “iskay” (dos, en quechua) policías que, mientras me ahogaban, contaban: ¡uno, dos, tres y cuatro, cinco! También me golpearon con sus varas. Me dolía la cabeza, los brazos, los dedos y yo les dije que el celular estaba en mi casa, con tal que dejen de pegarme”, recuerda aún aturdido el menor de 11 años que, según la denuncia interpuesta por su madre y sus vecinos, fue torturado por dos policías en la comisaría del distrito de la localidad de Sicaya, a 12 kilómetros de Huancayo.

El hecho ocurrió el pasado martes 24 de marzo, cuando el menor fue detenido y acusado de robar el celular a la pobladora Nélida Baldeón. El muchacho fue trasladado a la comisaría a las 3 de la tarde y no fue liberado sino hasta las 11 de la noche; durante este lapso, los suboficiales Amilcar Orihuela Laurente y Elvis Pakin Reyes Toribio lo sometieron a maltratos físicos y psicológicos para que confesara dónde había dejado el aparato (el escolar reconoció haberlo robado, pero dijo que luego lo perdió).

Según consta en la denuncia, el menor fue golpeado con varas en las nalgas, fue atado de manos y su cabeza fue sumergida repetidas veces en un balde con agua. Él, además, presenta heridas en dos dedos. Mientras permanecía en la comisaría, gritaba en quechua para que lo liberasen. Su madre, una humilde campesina analfabeta, no pudo hacer nada para detener la agresión, y se quedó fuera del local policial esperando que liberasen a su hijo.

Los vecinos formularon las denuncias; ellos acudieron a la Defensoría del Pueblo para que certificara las agresiones, y así ocurrió.

Además de un severo trauma psicológico, el niño presenta moretones de 16 y 18 centímetros en los glúteos —que lo hacen cojear cuando camina—, y tiene tumefacciones en la mano derecha.

Consultado al respecto, el general PNP Alfredo Miranda Benavides, jefe de la Región Policial Junín, informó que los dos policías implicados en la denuncia, además del comisario de Sicaya, fueron separados temporalmente de sus puestos para no entorpecer las investigaciones que emprendieron las autoridades del sector. Otras versiones indican que fueron retirados de la institución.

Mientras tanto, mediante un comunicado, la Defensoría del Pueblo exigió una inmediata sanción a los responsables. Además, indicó que el menor fue trasladado al hospital Daniel Alcides Carrión para ser atendido.

Fuente:
http://www.elcomercio.com.pe/impresa/notas/menor-torturado-presenta-heridas-gluteos-manos/20090331/266763

Condenan a soldado de Estados Unidos por haber asesinado a cuatro detenidos iraquíes

"Dan 35 años de cárcel a soldado de Estados Unidos"

VILSECK [AP]. Un soldado estadounidense que admitió haber asesinado en el 2007 a cuatro detenidos iraquíes que estaban atados y con los ojos vendados fue sentenciado a 35 años de prisión, tras declararse culpable ayer ante una corte marcial.

El sargento Joseph Mayo admitió los cargos de asesinato premeditado y asociación ilícita para cometer asesinato.

El abogado de Mayo, Michael Waddington, dijo que el militar, de 27 años, tendrá derecho a libertad bajo palabra dentro de 10 años.

El proceso se realizó en una base militar estadounidense en Alemania.

El juez del proceso, el coronel Jeffrey Nance, dijo que Mayo “se asoció con sus colegas para cometer asesinato premeditado”.

En febrero, un tribunal militar sentenció al sargento Michael Leahy a cadena perpetua luego de que admitió haber matado, en forma de ejecución, a uno de los detenidos y haberle disparado a otro.

DETENIDOS Y EJECUTADOS
De acuerdo con testimonios de testigos, al menos cuatro iraquíes fueron detenidos en el 2007 luego de un tiroteo contra una patrulla militar.

Los detenidos fueron llevados a la base operativa de la unidad estadounidense en Bagdad para ser interrogados y procesados, aunque no había suficiente evidencia para retenerlos por atacar la patrulla. Luego, miembros de esta llevaron a los iraquíes a un lugar remoto y los ejecutaron como represalia por el ataque a la unidad, según los testigos.

Fuente:
http://www.elcomercio.com.pe/impresa/notas/dan-35-anos-carcel-soldado-estados-unidos/20090331/266791

FASA se coludió con otras cadenas de farmacias para subir precios de medicamentos

Farmacias Ahumada (FASA) reconoció ante el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) que se coludió con las cadenas Cruz Verde y Salcobrand para subir los precios de al menos 222 medicamentos entre noviembre de 2007 y marzo 2008, en el marco de un requerimiento interpuesto por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en contra de las tres cadenas en diciembre del año pasado.

El reconocimiento de la coordinación de precios quedó estampado en el acuerdo de conciliación al cual llegó con la FNE, el 13 de marzo. En éste se compromete a pagar 1.350 Unidades Tributarias Anuales al fisco de Chile, equivalentes a un millón de dólares y adicionalmente a elaborar dentro de 60 días un código de ética al interior de la empresa.

En el acuerdo, la empresa señaló que después de la guerra de los precios bajos entre todas las cadenas, que comenzó en 2005 y se extendió por tres años, un grupo de medicamentos estaban generando pérdidas, razón por la que sus ejecutivos se contactaron con laboratorios y la competencia para provocar un alza concertada.

"En noviembre de 2007, algunos ejecutivos de FASA mantuvieron contactos personales con ejecutivos de algunos laboratorios con el objeto de reducir los costos de compra, conversaciones en las cuales algunos ejecutivos de laboratorios transmitieron a los directivos de FASA la proposición de alzar coordinadamente los precios de las tres compañías", consigna la conciliación.

De esta forma los ejecutivos de FASA elaboraron listas de precios de medicamentos y aceptaron participar en un mecanismo de alzas coordinadas con su competencia, lo que finalmente se logró en un corto período.

La cadena aclaró que la vicepresidencia ejecutiva ni su directorio tuvieron jamás conocimiento de estos hechos, pero que tras conocerlos "se tomaron las medidas", explicó ayer el vicepresidente ejecutivo de FASA, Alejandro Rosemblatt.

El presidente de la Asociación de Dueños de Farmacias Independientes, Raúl Álvarez, valoró el acuerdo y el reconocimiento de colusión, pero dijo que la multa "no es nada" comparado con todo lo que han ganado.

Fuente:
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20090324/pags/20090324230313.html

La posición chilena

"No basta tener los más sólidos derechos"


La Cancillería peruana emitió un documento oficial relativo al litigio que ha planteado ante la Corte de La Haya contra Chile, con una introducción del propio ministro, en la que, a propósito de la presentación de su Memoria, aborda los aspectos procesales y de fondo de aquél. Esta publicación -dada a conocer en lo fundamental por este diario- podría estimarse -como lo ha sugerido el subsecretario de RR.EE. y Agente de Chile- en conflicto con la confidencialidad exigida ante la Corte, pues los argumentos sustantivos no pueden ser diferentes de los que habrá invocado el Perú en dicha Memoria. En todo caso, dado su carácter público, exige una comunicación también pública de nuestra Cancillería, en la que se expongan claramente la realidad existente y los fundamentos del límite establecido y vigente por más de medio siglo.

Surgen de los propios antecedentes allí expuestos tanto el carácter tardío del cuestionamiento peruano como su contradicción con una larga y ya establecida conducta anterior. El acuerdo fronterizo entre las partes, en el paralelo que separa sus respectivas zonas marítimas de 200 millas y señalizado pasando por el hito l de la frontera, fue reconocido y practicado durante casi cinco décadas por las partes, así como por terceros, y recibió también reconocimiento internacional. El cuestionamiento a la realidad establecida, a la frontera que es objeto hasta hoy del ejercicio de las respectivas soberanías y jurisdicciones, se inició recién en l986 y se formalizó en 2000. Notoriamente, los argumentos sustantivos ahora invocados constituyen un intento de cuestionar o confundir la realidad establecida y cada uno de los tratados, actos y elementos que la constituyen; es una especie de "anti-caso". No hay una presentación positiva.

Existe un acuerdo de frontera marítima. Las declaraciones unilaterales de 200 millas de Chile y Perú en l947 expresan concordantemente y de modo formal el límite lateral del paralelo, en forma explícita en la segunda, y claramente implícita en la primera. Sobre dicho fundamento, los tratados de 1952, sobre Zona Marítima, y de 1954, sobre Zona Fronteriza Marítima, le dan expresión y lo formalizan. El lenguaje del primero debe ser entendido en el contexto de sus antecedentes y de las respectivas actas, en tanto que el convenio de 1954 se refiere al "paralelo que constituye el límite marítimo".

Este acuerdo sobre el paralelo fue señalizado por Chile y Perú mediante las actas de 1968 y 1969, que se refieren explícita y claramente a él, y que fueron aprobadas por notas formales de ambas cancillerías, en el paralelo que pasa por el hito 1. Las objeciones peruanas sobre el alcance de los tratados invocados no condicen con el carácter y la historia de los mismos, con la solemnidad de su suscripción y posterior aprobación por sus congresos y su ratificación, ni con la larga batalla común -jurídica y política- librada (en conjunto con Ecuador y, más tarde, con Colombia, que son parte de ellos) en favor del reconocimiento universal de la zona marítima de 200 millas.

Por lo demás, el paralelo convenido y vigente es también el límite entre Perú y Ecuador, entre Ecuador y Colombia; y, con una variante, entre Colombia y Panamá.

Perú alude a un punto Concordia, citado en el tratado de 1929, como inicio del nuevo límite que invoca. En realidad se trata, según el propio planteamiento peruano, de una cuestión de delimitación marítima. Respecto de ésta, las partes acordaron señalizar dicha delimitación en el paralelo que corresponde al hito l, elegido por ellas y parte de un acuerdo autosuficiente. Dicho hito es, además, el punto inicial de la demarcación definitiva de la frontera terrestre, llevada a cabo y aprobada por un acta de plenipotenciarios en los años 1929 y 1930.

La realidad establecida, vigente y practicada, que pudiera denominarse como "el caso chileno" -sin entera propiedad, pues lo estimamos resuelto-, mantiene, así, una maciza solidez. Sin embargo, requiere una adecuada explicitación y presentación ante la opinión pública nacional, que tiene derecho a ser informada acerca del caso mismo y sus fundamentos, en todo cuanto no viole la reserva que ciertamente se mantendrá, y que concierne, en lo esencial, a la Contramemoria en preparación.

Esta explicitación favorece asimismo a la opinión pública de otros países interesados en seguir el caso, y que hasta ahora sólo disponen de la publicidad peruana. Sin perjuicio del carácter jurídico y de derecho que el litigio debe mantener, hay un necesario elemento de comunicación y publicidad que no puede ser ignorado.

Desde la presentación peruana, se ha apreciado un activo involucramiento personal del canciller Fernández en este tema, y un ánimo de la Presidenta Bachelet de compartirlo con los círculos dirigentes del país, que se manifestó en la reunión de ayer con los jefes de los partidos políticos. Todo lo anterior es necesario y destacable. La Presidenta ha descartado la opción de incluir en esta iniciativa a los candidatos presidenciales, y hay respetables razones a favor y en contra de su decisión, pero cabe pensar que en algún momento los incorporará a todos, pues ninguno puede quedar excluido de un tema que concierne a todos los chilenos, tanto más por cuanto uno de esos candidatos deberá continuar con el tratamiento de este litigio, como sucesor de la actual Mandataria. Sólo se advierte beneficio nacional en que, más adelante, la Presidenta aborde esta materia también con ellos, de modo que todos estén interiorizados de los más calificados antecedentes para actuar en pro de los derechos chilenos, durante la campaña presidencial y, uno de ellos, en su hora, desde La Moneda.

Con todo, subsiste una fundada preocupación. Está fresco en la memoria nacional que, hace pocos años, Chile perdió en toda la línea el diferendo de Laguna del Desierto. En ese caso se cometieron errores no sólo de conducción jurídico-diplomática, sino también de naturaleza política. Lo realista es que hoy no basta tener plena razón jurídica, porque los tribunales contemporáneos, aunque sean de derecho estricto, en la práctica también atienden a factores tales como el que una sólida razón de derecho sea, además, compartida y hecha carne en toda la población. Por eso, no debería darse la situación de que, cinco días después de presentada la posición peruana, no dispongan los chilenos siquiera de visos de una presentación oficial de la posición chilena, que debió estar cuidadosamente preparada con amplia antelación, pues era anticipable lo que Perú haría e invocaría.

Este efecto comunicacional -aún pendiente- debe ser sistemáticamente seguido de otros pasos similares por todo el tiempo que dure la causa en La Haya. Sería inquietante que se pretendiera que Chile sólo litigue en La Haya, sin tener en cuenta la opinión internacional, que es clave en estos asuntos. Nuestro país tiene los más sólidos argumentos en su favor -la importancia del respeto a los tratados y compromisos internacionales está en su acervo más hondo-, pero hacerlos conscientes a la comunidad internacional y nacional requiere un enorme esfuerzo político y diplomático, sostenido por todas nuestras representaciones en el exterior y en todos los niveles de la opinión pública -universidades, centros de estudios, medios de prensa, líderes de pensamiento-. Éste es un asunto de todo Chile, y no sólo del Gobierno ni reservado a la Cancillería. Ésta tiene la función clave de la ejecución de la defensa de Chile, pero eso incluye también la orientación y el sustento de la defensa comunicacional, de modo que nuestros derechos se exhiban al mundo ordenada y accesiblemente, como lo está haciendo Perú respecto de su pretensión. La referida publicación oficial peruana da cuenta de una exacta oportunidad y meticulosa preparación, y exhibe los elementos con los cuales fue construida. Por nuestra parte, no basta que nuestras autoridades afirmen que están preparadas para hacer valer los derechos de Chile: tienen que probarlo públicamente.

Los argumentos sustantivos ahora invocados por Perú constituyen un intento de cuestionar o confundir la realidad establecida y cada uno de los tratados, actos y elementos que la constituyen; es una especie de "anti-caso".

Fuente:
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2009/03/25/no-basta-tener-los-mas-solidos.asp

Riesgos de hacer click en "aceptar"

En Internet, hacer click en "aceptar" tiene sus riesgos
La letra chica de los contratos que nadie lee
Por: Marcelo Bellucci

En el ámbito tecnológico, la velocidad es considerada la virtud suprema. Por eso, cuando alguien está a punto de registrarse en una página web, es absurdo suponer que va a perder el tiempo leyendo los términos de uso. Por costumbre, se hace click en todos los carteles que dicen "aceptar", y que sea lo que Dios quiera.

Esta negligencia de los usuarios no es ajena a las redes sociales como Facebook, Sónico y Hi5, o a otros sitios como Blogger, MSN Messenger, Taringa!. Las condiciones contractuales que nadie examina son aprovechadas por algunos para vender avisos. Otros van más allá, incluyendo cláusulas abusivas.

Uno de los sustentos de estas redes es la publicidad. El envío de avisos se pacta en los contratos que nadie lee. La mayoría de los sitios usan los datos que suben a Internet los usuarios cuando se registran. Y con ellos personalizan los anuncios, propios o de otros que les pagan por ese servicio.

Pero no venden avisos "al voleo". La información que colocan los usuarios en sus perfiles, más los comentarios que expresan hostilidad o preferencias, forman parte de un apetecible legajo virtual que es recolectado con la imprudente aprobación de los beneficiarios. Esta suma de variables les permite a los administradores del sitio segmentar a su público por edad, sexo y nivel educativo, y tener datos preciosos sobre sus gustos, costumbres y relaciones. Y les garantiza a sus clientes que la publicidad que están enviando va a llegar al consumidor indicado.

Martín Spinetto, gerente de Servicios Online de Microsoft, advierte que "no compartimos la base de datos con otras empresas. Pero sí vendemos audiencia". Esto implica que si una firma quiere apuntar su campaña a un determinado sector, Microsoft sabe a quién enviarla usando su base. En el Centro de Privacidad se anuncia: "Microsoft no venderá, alquilará ni cederá sus listados de clientes a terceros. En ocasiones, como ayuda para poder prestar los servicios, podrá proporcionar datos a otras empresas que actúan en nombre de Microsoft".

Y si de aclarar los términos se trata, Alberto Arébalos, director de Asuntos Públicos de Google, expone el cambio de rumbo que se introdujo en los servicios web. "La interest based advertising, o publicidad basada en intereses, es una modalidad que le permite al consumidor elegir los temas que quiere ver y, en caso de no estar interesado, seleccionar la opción de no mostrar ninguna propaganda en su sitio", detalla.

Tomás O'Farrell, de Sónico, una red social similar a Facebook que según datos propios suma 30 millones de usuarios en Latinoamérica, reconoce que la publicidad personalizada es un método empleado. Pero agrega: "Estamos utilizando nuevas formas de ingresos para sustentar la red".

Otra cuestión es el uso que en la red se hacen de los contenidos que suben los usuarios, lo que puede llevar a quejas por la exhibición de imágenes no autorizadas (ver Una mala experiencia). Y si bien es cierto que todavía no se reportó ningún caso de expropiación por parte de una de estas redes, ¿qué sucedería si alguien se consagra como escritor, músico o fotógrafo? ¿Quién garantiza que el contenido que tiene en la página no va a ser explotado por la dueña de todos sus derechos? ¿Que, por ejemplo, el sitio quiera publicar un libro con el contenido de un blog muy leído? En el contrato de una de estas redes sociales, MySpace, se lee: "Al mostrar o dar a conocer ("publicar") cualquier Contenido en los Servicios MySpace o a través de estos, por el presente usted concede a MySpace una licencia limitada para usar, modificar, eliminar o agregar información, presentar públicamente, mostrar públicamente, reproducir y distribuir dicho Contenido".

No es el único caso. El abogado Leandro González Frea previene también sobre las normas que imperan en Hi5, otra red que alberga a 80 millones de cibernautas. "Obligan a los usuarios a conceder una licencia irrevocable, perpetua, no exclusiva, mundial, para reproducir, distribuir, mostrar públicamente e interpretar, usar de cualquier modo el contenido incorporarlo en otras obras, y conceder o autorizar sublicencias", explica.

Algo semejante ocurre con Taringa!, uno de los portales más visitados por los navegantes argentinos. González Frea analiza: "Taringa! se adjudica expresamente los derechos de autor sobre la obra de clasificación y compilación realizada por cualquiera de sus usuarios, obligándolos a transferirle todos los derechos que pudieran corresponderles". Entre otros "materiales", se incluyen fotos, diseños, sonidos y marcas. O'Farrell, de Sónico, explica que el objetivo de estas cláusulas es la protección legal del sitio: "Por ejemplo, si un usuario sube una foto de otro, éste no puede demandarnos por ello".

Pero, ¿los usuarios tienen algún tipo de defensa? González Frea apunta que estos servicios están amparados por la Ley de Defensa del Consumidor (ver "No puede..."). Lo que sí es cierto es que estos contratos de adhesión son redactados unilateralmente por las empresas y no dan lugar a los usuarios para negociar los términos de inclusión. Y si el usuario está en desacuerdo, el no aceptar equivale a quedar afuera.

Fuente:
http://www.clarin.com/diario/2009/03/23/sociedad/s-01882712.htm

Procesos contra menores de edad en Chile

Cuando inauguró este año judicial, el presidente de la Corte Suprema afirmó que tanto los tribunales como los demás actores del sistema de justicia juvenil han cumplido sus funciones, ya que los jóvenes que cometen delitos son formalizados y juzgados, y se controla la ejecución de las medidas que se aplican. Señaló, además, que cada condena de un menor de edad es una derrota del sistema y, por ende, el éxito en esta área no puede medirse por un aumento de los indicadores (detenciones, formalizaciones y condenas), sino, al contrario, por una sensible baja de los mismos.

Existen países que cuentan con tribunales especiales para conocer de los delitos cometidos por menores, pero el sistema chileno funciona inmerso dentro del proceso penal general. Sin embargo, para responder adecuadamente a los particulares conocimientos que se requieren respecto de este grupo etario, la ley estableció que fiscales, defensores y jueces deben especializarse en materias propias de los sistemas de justicia juvenil. Esta especialización no debe concebirse como mera capacitación en los aspectos normativos, sino como un conocimiento más profundo de las características de la delincuencia juvenil, sus formas de desarrollo, y de los programas y medidas más eficaces en la interrupción de incipientes carreras criminales. Aunque la especialización es importante en todos los intervinientes de un proceso penal contra un joven, resulta crucial e imprescindible en los jueces y tribunales. La voluntad del legislador al establecer un sistema especial para conocer de los delitos cometidos por jóvenes es clara: no deben ser juzgados como adultos, ni recibir las mismas condenas.

Fuente:
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2009/03/23/especializacion-de-jueces.asp

Ladrones abren tiendas y pagan a la Sunat

"Robo se 'formaliza' en San Jacinto"

Según la División de Investigación de Robos de Vehículos (Dirove), este ilegal negocio se ha expandido a 12 zonas de Lima, pues además de San Jacinto, Tacora y La Cincuenta, ubicados en San Luis, La Victoria e Independencia, respectivamente, existen lugares especializados en venta de repuestos y accesorios como las avenidas Sáenz Peña, García Naranjo, México, Isabel la Católica, Parinacochas, en La Victoria y en otras del Callao, San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho. Aquí el precio de los repuestos es entre 30% y 50% menor del que piden las tiendas.

DETRÁS DEL NEGOCIO

Este comercio ilegal es manejado por clanes. Quienes se dedican a él empiezan como ladrones o desmanteladores. Después de ser “canibalizadores” pasan a abrir sus propios negocios de venta hasta tener recursos suficientes para dedicarse a la importación de repuestos y recurrir a los distribuidores de piezas robadas (reducidores) solo cuando sea necesario. Pero esa regla no se cumple siempre, pues los mismos que roban y desmantelan autos o distribuyen sus piezas poseen tiendas en San Jacinto y hasta emiten recibos o factura e, incluso, declaran rentas y pagan impuestos a la Sunat.

¿QUIÉN LOS DETIENE?

Voceros de los concejos de San Luis e Independencia informaron que el 30% de los locales de San Jacinto y La Cincuenta no tiene licencia, “pero está en proceso de formalización”. Llamamos a la Sunat para conocer qué acciones de control realiza, pero no respondieron nuestra consulta.

Solo hasta febrero de este año se ha reportado el hurto de 1.100 partes de vehículos, cifra 5% mayor a la registrada un año antes. “El parque automotor de la ciudad ha crecido y por ende hay más demanda”, dice el coronel Aldo Figueroa, jefe de la Dirove, quien revela que las marcas Nissan, Toyota, Hyundai y Honda son las más solicitadas por quienes recorren los ilegales puestos de venta.

Ganancias mayores, riesgos mínimos. Esa es la consigna de los delincuentes que han logrado burlar la acción de la ley presentando recibos y facturas “fachada”. Con ello pueden denunciar a los policías que los intervienen y recuperar la ilegal mercadería incautada.

Pero estos trucos serían fácilmente desbaratados con un trabajo de investigación. En las intervenciones, la policía se limita a levantar actas de verificación, pero no coteja si el número y el contenido de estas facturas corresponden a los artículos que hay en tienda o en depósitos dentro del establecimiento. “Lo que está en exhibición generalmente sí es comprado y lo usan como fachada. Lo robado está más escondido, pero para entrar al puesto necesitamos la orden del fiscal y eso solo se consigue si, por medio de videos, pruebas y un seguimiento, logramos demostrar la flagrancia, pero la PNP no asigna recursos para hacer estas labores. Con un seguimiento tenaz se podría analizar cada pieza, rescatar su número de serie, pedir datos a las empresas fabricantes y cotejarlos con las placas de autos robados”, explica un agente de la Dirove.

MÁS DATOS

La pena que se impone a los comercializadores de partes robadas es de dos años, es decir, no merece prisión efectiva. Para el coronel Aldo Figueroa, la sanción debería elevarse a 4 o 6 años, e incluir a los desmanteladores e intermediarios de las piezas robadas dentro del mismo delito.

El titular de la Sexta Fiscalía de Prevención del Delito, Jorge Mandujano, confirmó que los llamados miembros indirectos de una organización delictiva (aquellos que no robaron el auto o sus pieza) son denunciados solo por receptación y la pena es mínima, pues así lo establece el Código Penal.

Fuente:
http://www.elcomercio.com.pe/impresa/notas/robo-seformaliza-san-jacinto/20090309/256383

En Chile universidades privadas imparten la carrera de Derecho en sólo 3 años

"Decanos critican que universidades privadas impartan la carrera de Derecho en sólo 3 años"

Por XIMENA PÉREZ G.

Su preocupación por la existencia de universidades privadas que imparten la carrera de Derecho "en dos o tres años", manifestó ayer el decano de la facultad de Derecho más antigua del país, la de la Universidad de Chile, Roberto Nahum.

El académico -quien el lunes participó de la inauguración del Año Judicial, en la que el presidente de la Corte Suprema, Urbano Marín, manifestó su inquietud por el alto número de nuevos abogados y la calidad de su formación- aseguró a "El Mercurio" que existen universidades privadas que ven la enseñanza como un "negocio".

"Con la gran proliferación de las llamadas universidades privadas, donde hay unas que son muy serias y otras que no lo son tanto, muchas de ellas se ha enfocado el estudio de derecho como una manera más de hacer plata, de allegar recursos a las cajas de estas instituciones. Uno ve con preocupación que hay carreras de Derecho que se ofrecen en dos y tres años", aseveró.

Su par de la Pontificia Universidad Católica, Arturo Yrarrázaval, afirmó que "el tema de las diferencias en las calidades es bastante pronunciado", y subrayó que una mala calidad de su enseñanza se vincula con las faltas éticas de los abogados.

La decana de la Universidad Central, Ángela Cattan, en tanto, calificó de "aberrante" que algunos planteles formen abogados en tres años (en la mayoría de las universidades se imparte en un promedio de 5 años).

"La carrera de Derecho requiere de mucho tiempo, adquirir los conocimientos necesarios es un proceso lento", explicó.

Al momento de plantear soluciones, sin embargo, los decanos se dividen. Mientras Nahum e Yrarrázaval se muestran partidarios de aplicar a los egresados de Derecho un examen voluntario nacional, similar al que se toma en Medicina -propuesta que plantearon el año pasado a algunos de sus pares, sin obtener respaldo, y que apoyó ayer el presidente de la Corte Suprema, en entrevista con "La Segunda"-, la decana de la Universidad Central rechaza dicha idea, y advierte que "los remedios se tienen que poner al principio, no al final".

Directora de la Uniacc defiende el plan de 9 trimestres

"Encuentro que es extremadamente razonable lo que dice el presidente de la Corte Suprema", afirmó la ex ministra de Justicia Mónica Madariaga, quien hoy es directora de Derecho de la Uniacc, donde se imparte la carrera en un plazo de tres años (9 trimestres).

"Coincido plenamente con él (Urbano Marín) en cuanto a la calidad de los abogados, no en cuanto al número, porque yo creo que el número lo determina definitivamente el mercado, lo determina la necesidad social de contar con un asesor legal, y por el momento no se ha visto que sea excesivo", aseguró Madariaga.

La ex secretaria de Estado no eludió las críticas al plazo en que se enseña la carrera que ella dirige, y frente a los cuestionamientos respondió que el plan vespertino diseñado por su universidad es "absolutamente intensivo".

"Nosotros tenemos 11 meses del año con siete asignaturas diarias (sólo se suspenden las clases por el mes de febrero). Es un programa comprimido en que se pasa todo el derecho, y los tres años son tres años efectivos, no los cinco años de la Universidad de Chile, que son solamente tres y medio, porque el segundo semestre del cuarto año es nada más que práctica", planteó.

Asimismo, defendió la calidad de los docentes de su plantel, argumentando que la mayoría de los académicos son ministros de Corte o del TC, o abogados jefes de instituciones públicas, como la Contraloría y el Sename: "Tenemos grandes personalidades que hacen clases aquí; incluso, tuvimos al secretario del Senado".

"La calidad nuestra, yo te diría que es excelente, y los exámenes de grado son extremadamente exigentes", subrayó, junto con señalar que tiene "severas dudas" respecto de la calidad de otras universidades que imparten la carrera de Derecho.

"Los tres años son tres años efectivos, no los cinco años de la Universidad de Chile, que son solamente tres y medio, porque el segundo semestre del cuarto año es nada más que práctica".

Fuente:
http://diario.elmercurio.com/2009/03/04/nacional/nacional/noticias/E56F354B-7C39-4943-BD08-401BDBE4F944.htm?id={E56F354B-7C39-4943-BD08-401BDBE4F944}

Origen legal de la crisis internacional

"Obama la está captando: la recesión tiene un origen legal, no financiero"

Por: Hernando de Soto

El presidente Barack Obama acaba de lanzar su plan de rescate económico y Timothy Geithner, su secretario del Tesoro, ha presentado los detalles. Este no había terminado de hablar y ya se podía oír el desencanto de Wall Street. La crítica principal: faltan detalles. Pero más importante es lo que se le escapó a Wall Street… Finalmente, la Casa Blanca ha centrado la atención de los EE.UU. en lo que considero la causa primera de la crisis económica en curso: trillones de dólares en documentos financieros envilecidos, llamados papeles tóxicos, en los balances de las instituciones hoy espantan a acreedores e inversionistas potenciales impedidos de comprender el contenido de todos esos papeles, cuántos hay, quiénes los tienen y cuán riesgosos son. Obama parece estar empezando a vislumbrar cuál es el verdadero enemigo: el envilecimiento de los documentos financieros legales creados para representar y transferir valor, y evaluar riesgo.

Miren en derredor: todas sus propiedades de valor —los títulos de su casa y de su automóvil, su hipoteca, su cuenta bancaria, sus contratos, patentes, las deudas de otros, incluidos los instrumentos financieros apoyados en la propiedad sobre activos (derivados)— están documentadas sobre papel. Usted puede poseer, transferir, evaluar y certificar el valor de tales activos solo mediante documentos legalmente autentificados por un sistema global de reglas, procedimientos y estándares. Para que la relación entre esos documentos y cada uno de los activos independientes que ellos representan nunca sea envilecida existe un formidable sistema de derechos de propiedad legal. Este sistema es global —insisto— y produce la confianza gracias a la cual el crédito y el capital fluyen y los mercados funcionan.

Es mediante el derecho y el papel legal en el cual este se materializa que nos interconectamos y conocemos la economía global. Es imposible hacer negocios importantes en el plano nacional —no se diga ya en un mercado globalizado— sin documentación legal confiable. Pero esta red mundial de confianza se está desplomando. En los últimos años los gobiernos han envilecido ese papel legal al permitir que ingrese al mercado un descontrolado tsunami de instrumentos financieros derivados de hipotecas (tóxicas unas, saludables otras) cuyo valor nominal es de unos US$600 trillones o más, el triple que todo el resto del papel legal en el mundo, sea este representado en efectivo, activos financieros tradicionales, o propiedad, tangible o intangible.

La asombrosa cantidad de estos instrumentos financieros derivados y el que estén tan enredados y mal registrados dificultan determinar cuántos hay, qué valen, o quiénes los tienen. Dado que el volumen de estos derivados empequeñece el de todos los demás papeles, el caos resultante está socavando también uno de los mayores logros de la ley de propiedad: el poder de identificar y aislar con precisión cada activo y cada interés particular de ese activo. Es así que un mero siete por ciento de incumplimiento en hipotecas de alto riesgo o sub prime que fueron financiadas o aseguradas con instrumentos derivados —quizás apenas unos cuantos cientos de billones de dólares de papel tóxico— está envileciendo el resto de los instrumentos financieros y contaminando la economía entera, como una epidemia. Como esta toxicidad del papel se refiere al crédito y al capital, y no solo a una burbuja inmobiliaria, afecta toda la actividad económica; la pérdida de confianza no perdona a nadie y se expande en todas las direcciones y más allá de sectores económicos específicos por todo el hemisferio norte y hacia los mercados emergentes. Nos encontramos, pues, frente a lo que podría ser la peor recesión de la historia contemporánea.

A las autoridades europeas y de EE.UU. les resulta difícil creer que la causa fundamental de una recesión pueda ser un sistema legal pobremente papelizado. Pero en los mercados emergentes, como este, la relación entre la prosperidad y el orden legal es bastante obvia. La mayoría de nuestra gente es pobre y vive bajo la anarquía de la economía informal, en la que sus activos y contratos se amparan en papel endémicamente tóxico: no registrado, no estandarizado, desactualizado, difícil de identificar, difícil de ubicar y con un valor real tan difícil de determinar que la gente común no logra generar confianza mutua ni merecer la confianza de los mercados globales. En las economías informales del mundo en desarrollo y de la antigua URSS, la escasez del crédito y la crisis económica son una condición crónica. De modo que cuando miro la recesión que ha comenzado en el hemisferio norte (desatada por papel tóxico) me siento perfectamente en casa.

(...)

Salir de la recesión exige restaurar el orden, la precisión y la confianza en los papeles financieros. Este es el gran desafío legal y político. La tarea dura de localizar, valorizar y aislar el papel tóxico, y de calcular quién va a pagar la cuenta de las pérdidas (si contribuyentes, bancos o capitalistas-buitres) se hará más fácil cuanto más pronto los políticos entiendan que la alternativa podría ser el colapso del propio sistema que ha generado la mayor prosperidad en la historia y el consiguiente pandemonio.

Fuente:
http://www.elcomercio.com.pe/impresa/notas/obama-esta-captando-recesion-tiene-origen-legal-no-financiero/20090303/253491